Desde el pasado
20 de mayo, más de medio centenar de plataformas digitales en Venezuela han
sido blanco de una ola de censura y autocensura, en medio de un endurecimiento
de las acciones gubernamentales contra quienes divulgan tasas del dólar
paralelo distintas a la oficial establecida por el Banco Central de Venezuela
(BCV).
Según la
organización VE Sin Filtro, al menos 55 servicios digitales —entre aplicaciones
móviles, sitios web, cuentas en redes sociales y grupos de mensajería— se han
visto afectados en este contexto. Dos páginas web fueron bloqueadas por los
proveedores de servicios de Internet (ISP), mientras que otras tres fueron
retiradas por sus administradores y dejaron de estar disponibles incluso fuera
del país.
El impacto
también ha alcanzado a una docena de páginas que, aunque siguen activas,
optaron por no actualizar sus contenidos o limitarse a publicar únicamente la
tasa oficial del BCV. Una de ellas implementó restricciones geográficas para
impedir su acceso desde Venezuela.
En redes
sociales, el fenómeno no ha sido menor. Al menos 16 cuentas de Instagram
dejaron de difundir valores del dólar paralelo y una de ellas fue eliminada.
Por su parte, tres canales de Telegram suspendieron la publicación de precios
diferentes a la tasa oficial, reporta El Nacional.
El efecto se
extiende también al ámbito de las aplicaciones móviles. Cinco apps
especializadas en consulta y cálculo del dólar paralelo cesaron sus funciones
en este rubro, y sus herramientas de conversión dejaron de operar con
normalidad. De forma similar, una aplicación para la compra-venta de
criptoactivos en bolívares limitó su disponibilidad en territorio venezolano,
mientras que otra eliminó la opción de mostrar tasas alternativas.
La ofensiva del
gobierno de Nicolás Maduro se ha materializado también en el plano judicial. El
Ministerio de Interior y Justicia confirmó la detención de al menos 25 personas
presuntamente vinculadas con estas plataformas, acusadas de realizar
actividades que, según el Ejecutivo, “afectan negativamente la economía”. Aunque
no se han detallado los cargos concretos, se presume que enfrentan
señalamientos por la difusión de información económica no autorizada y por
intentar manipular el mercado cambiario.
