La magistrada también indicó que se configuró el delito de fraude procesal, pues se estaba llevando a cabo una estrategia deliberada de manipulación de la justicia,
De acuerdo al
documento al que dará lectura la jueza penal 44 del Circuito de Bogotá, Sandra
Liliana Heredia, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe fue condenado a 12
años luego de ser hallado culpable de los delitos de soborno en actuación penal
y fraude procesal, detalló el canal Noticias Caracol en una transmisión en
vivo.
Asimismo, deberá
pagar una multa de dos mil 420 salarios mínimos, y estará inhabilitado por 100
meses y 20 días, es decir por 8 años y 4 meses, cita el referido documento.
En la sentencia
quedó establecido también que podrá pagar la pena en prisión domiciliaria.
Se espera que en
unas horas, la jueza de lectura del documento y explique el motivo de la
condena considerado como crimen principal.
Heredia consideró
que el expresidente y líder del Centro Democrático, mediante emisarios, ofreció
beneficios a personas privadas de libertad con el objetivo de resultar
favorecido en otros procesos que la Justicia adelantaba en su contra. Asimismo,
se lo acusa de manipular testigos a través de terceros para que vincularan al
senador Iván Cepeda con hechos ilegales.
De acuerdo con el
fallo, el exmandatario colombiano es culpable del delito de soborno en
actuación penal porque, a través de su exabogado Diego Cadena, trató de
sobornar e incentivar económicamente a varios testigos para que declarasen
falsamente ante la justicia.
Aunque los
actuales abogados señalaron que el hecho fue cometido a espaldas de Uribe y que
Cadena actuó de manera voluntaria; la jueza determinó que el político conocía
sus acciones en las cárceles del país y que en el juicio quedó
"suficientemente acreditada la actuación del expresidente en el delito de
soborno en actuación penal".
La magistrada
también indicó que se configuró el delito de fraude procesal, pues se estaba
llevando a cabo una estrategia deliberada de manipulación de la justicia, a
través de un memorial elaborado por Cadena y un video entregado por el abogado
suplente Juan Felipe Amaya, radicados ante el alto tribunal.
El histórico
fallo desató una ola de reacciones internas a favor y en contra tanto del
dictamen como de la jueza y el exmandatario. Incluso hubo un pronunciamiento
por parte de EE.UU., hecho por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien se
mostró crítico ante la decisión y señaló que "el único delito" de
Uribe "ha sido luchar y defender incansablemente a su patria" y que
"la instrumentalización del Poder Judicial de Colombia por parte de jueces
radicales ha sentado ahora un precedente preocupante".
En respuesta, la
Corte Suprema de Justicia colombiana manifestó su "firme rechazo a las
injerencias indebidas y a las expresiones de voces que sugieren que las
decisiones adoptadas por los jueces no se ajustan a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico".
Mientras, el
presidente Gustavo Petro calificó las declaraciones de Rubio de
"intromisión a la soberanía nacional" e instó a la comunidad
internacional a "respetar los jueces de Colombia".
Una investigación entrampada por años
La Fiscalía
General de la Nación acusó a Uribe en mayo de 2024 de los delitos de soborno,
fraude procesal y soborno en actuación penal, después de que entre 2012 y 2014,
el senador Cepeda presentara testimonios de los exparamilitares Juan Guillermo
Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes aseguraban haberse reunido con Uribe
durante su mandato como gobernador del departamento de Antioquia. En respuesta,
el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por calumnia, fraude
procesal y abuso de función pública.
En 2018, el
tribunal encontró indicios de que Uribe habría manipulado testimonios para
incriminar a Cepeda, por lo que en 2020 fue condenado a arresto domiciliario,
en el que se mantuvo por 67 días. En ese momento, se desempeñaba como senador y
renunció al cargo para no ser juzgado por el Supremo, sino por la justicia ordinaria,
a través de la Fiscalía.
Aunque el ente
acusador pidió en 2021 la preclusión del proceso, en 2022 dos jueces rechazaron
esa solicitud. En 2024, con la llegada de la fiscal general Luz Adriana
Camargo, finalmente, el exmandatario fue llamado a juicio, acusado de soborno a
testigos, fraude procesal, y un nuevo cargo por soborno. Desde febrero de este
año, el caso se ha mantenido bajo constante prescripción.