La primera
ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, informó que 200
venezolanos recluidos en cárceles del país serán deportados. La medida, dijo,
responde a la política migratoria de su gobierno, que no será indulgente con
quienes ingresen de manera irregular y no puedan demostrar cómo se sostienen
económicamente.
“El gobierno no
será flexible con quienes están aquí ilegalmente. La policía ha intensificado
su vigilancia sobre inmigrantes indocumentados involucrados en el tráfico de
drogas y de personas. Además, modernizamos las instalaciones de la guardia
costera de Cedros y enviamos más embarcaciones a la zona”, declaró en mensajes
al medio Newsday.
El medio consultó
al ministro de Defensa de Trinidad y Tobago, Wayne Sturge, y al ministro de
Seguridad Nacional, Roger Alexander, sobre los mecanismos y el cronograma de
deportaciones de los venezolanos, pero no obtuvo respuesta.
La declaración de
Persad-Bissessar ocurre en medio de tensiones regionales tras el llamado del
presidente de Colombia para que Trinidad y Tobago recupere los cuerpos de 11
personas muertas en un ataque de Estados Unidos contra un barco presuntamente
vinculado al narcotráfico.
Reclaman a autoridades
de Trinidad y Tobago por deportación de venezolanos
La abogada
Nafeesa Mohammed, quien ha representado a migrantes venezolanos, expresó
preocupación y pidió al Ejecutivo garantizar que las deportaciones se ejecuten
respetando las leyes y tratados internacionales.
“El debido
proceso es un pilar de nuestra democracia. La relación con Venezuela es
delicada, pero vivimos en un país con Constitución. Confío en que los presos
tendrán acceso a sus derechos y que el Consejo de Seguridad Nacional, presidido
por la primera ministra, manejará la información con transparencia”, afirmó.
Mohammed recordó
que anteriores deportaciones generaron críticas por la ausencia de
procedimientos legales claros, pese a que el país ha firmado convenciones
internacionales en materia de derechos humanos y humanitarios.
En 2019, el
gobierno trinitense otorgó una amnistía temporal a miles de venezolanos, pero
la medida fue insuficiente para manejar el flujo migratorio derivado de la
crisis venezolana. Actualmente, ONG locales calculan que más de 30.000
ciudadanos venezolanos residen en Trinidad y Tobago, muchos de ellos en
condición irregular.
La abogada
advirtió que el manejo de estas deportaciones podría impactar tanto en el
respeto a los derechos de mujeres y niños migrantes como en la imagen
internacional del país.
“Confío en que el nuevo gobierno se rodee de expertos en derecho internacional para actuar de manera responsable en esta coyuntura”, agregó.