Pobladores denuncian que los cabecillas de las megabandas mineras abandonaron la zona días antes de la intervención oficial, dejando a los sectores más vulnerables ante el despliegue.
La reciente incursión militar en los yacimientos auríferos del estado Bolívar se ha visto envuelta en sospechas de ineficacia y presuntas irregularidades.
Habitantes de
la región, bajo reserva de identidad por motivos de seguridad, han señalado que
los principales operadores del crimen organizado —identificados localmente como
"Niño Guerrero", "Juancho", "Johan Petrica" y
"Peluca"— anticiparon el movimiento de los cuerpos de seguridad.
Según el testimonio recabado, la estructura criminal operó con una ventaja estratégica de 72 horas.
La capacidad de maniobra de estos individuos para salir del territorio antes del despliegue levanta interrogantes sobre la confidencialidad de la operación.
Mientras la cúpula logró evacuar sus posiciones, la fuerza
pública centró sus detenciones en los eslabones operativos más débiles de la
cadena de suministro minero, conocidos como "galiteros", encargados
de la logística y el transporte de insumos.
Este hecho genera un clima de incertidumbre sobre el alcance real de la intervención.
Históricamente, las operaciones en el Arco Minero han sido criticadas por no
desmantelar los núcleos de poder, sino por desplazar el conflicto o penalizar a
la población civil que depende, forzosamente, de la economía subterránea
establecida por estos grupos irregulares.
Fuente:
Información basada en reportes ciudadanos y registros de Correo del Caroní.