El Consejo Directivo ordenó la destitución fulminante de
cuatro agentes tras comprobarse el hurto de bienes económicos durante labores
de rescate y asistencia humanitaria.
La tranquilidad del estado La Guaira se ha visto fracturada por un hecho que ha sacudido la ética institucional de los cuerpos de seguridad.
En medio del despliegue operativo tras los recientes eventos sísmicos que impactaron la región, se confirmó una irregularidad sin precedentes: funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron aprehendidos por su presunta participación en el hurto de divisas localizadas entre los restos de infraestructuras colapsadas.
La investigación interna, activada por denuncias de afectados, permitió evidenciar que los involucrados, lejos de cumplir con su deber constitucional de salvaguardar a la ciudadanía y sus bienes, utilizaron el acceso privilegiado a las zonas de desastre para la apropiación ilícita de valores.
El CICPC emitió un comunicado oficial tras la indignación nacional causada por un video donde se observa a varios de sus efectivos intentando apropiarse de una bolsa con dólares en efectivo, recuperada entre los escombros en La Guaira.
La institución confirmó que son cuatro (4) los
funcionarios detenidos por este hecho.
Aprehensión y disposición ante órgano jurisdiccional
correspondiente de los ciudadanos:
1. Aguilar Reyes Maya
2. Fredy Rafael Lugo Oliveros
3. Roger Andrés Omaña
4. Josue Jhonatan Burgos Sánchez
Los funcionarios fueron detenidos por comisiones de la
División de Investigaciones de Delitos en la Función Pública del CICPC y
puestos a la orden de la Fiscalia 68 nacional con competencia en materia de
delitos delitos Contra Corrupción del Ministerio Público.
En la misiva, la directiva del cuerpo policial defendió su
labor científica en el rescate de sobrevivientes e identificación de víctimas,
y enfatizó de manera contundente que no se tolerará, bajo ninguna
circunstancia, desviaciones policiales, actos de corrupción o conductas que
vulneren el honor institucional o el dolor de las víctimas de esta emergencia.
Las autoridades reafirmaron su compromiso inquebrantable de
proteger al pueblo venezolano con la máxima integridad en este difícil momento.
Este suceso marca un precedente crítico en la vigilancia de
los protocolos de seguridad durante emergencias nacionales en 2026, reafirmando
la política de "cero tolerancia" ante delitos contra el patrimonio de
los damnificados.
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