Ante el juez federal Alvin Hellerstein en Manhattan, la cúpula oficialista se declaró no culpable de una campaña sistemática de represión y torturas a opositores y militares, mientras se fija el juicio definitivo para mediados de 2027.
La causa penal que se ventila en tribunales norteamericanos contra la cúpula política venezolana ha dado un giro trascendental e imprevisto.
En una audiencia celebrada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron formalmente ante el juez federal Alvin Hellerstein para rechazar de forma categórica las ampliaciones fiscales incorporadas a su expediente judicial.
Las nuevas imputaciones presentadas por el Departamento de Justicia estadounidense elevan considerablemente la gravedad del proceso al sumar cargos específicos por conspiración para cometer tortura, tratos crueles y represión estatal sistemática.
El hilo conductor de esta nueva fase investigativa se retonta al año 2014, un periodo caracterizado por profundas protestas ciudadanas y disturbios políticos en diversas regiones de Venezuela.
Según los sumarios presentados por los fiscales federales en Manhattan, las órdenes directas habrían emanado desde la cúspide del Ejecutivo para ejecutar secuestros selectivos, detenciones arbitrarias e interrogatorios bajo tortura contra oficiales militares disidentes y dirigentes políticos opositores con el fin indiscutible de neutralizar cualquier fractura institucional.
Asimismo, los reportes judiciales sostienen que Cilia Flores avaló activamente la arquitectura de este sistema de control punitivo durante reuniones estratégicas de alto nivel.
Este nuevo expediente se interconecta con los cargos originales de narcotráfico internacional y terrorismo que pesan sobre la pareja desde su captura ejecutada por fuerzas especiales en Caracas el pasado 3 de enero de 2026.
Desde entonces, ambos permanecen recluidos bajo un régimen de máxima seguridad en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.
Adicionalmente, las incidencias procesales recientes incluyeron la negativa de la corte a otorgar medidas cautelares de arresto domiciliario a favor de Flores, quien alegaba afecciones cardíacas, argumentando la fiscalía un alto riesgo de fuga.
El calendario oficial fijó el inicio del juicio con jurado para el próximo 1 de junio de 2027, enfrentando condenas acumuladas que podrían traducirse en cadenas perpetuas o penas mínimas obligatorias de hasta 50 años de privación de libertad.
El caso ha polarizado la atención de la opinión pública hemisférica, vinculándose de manera directa con los antecedentes documentados por organismos multilaterales y misiones de determinación de hechos sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Mientras la defensa legal de los acusados insiste en reclamar
inmunidad soberana argumentando sus antiguos cargos institucionales como
presidente y primera dama, los gobiernos de la región y agencias
internacionales de justicia observan con atención el desarrollo de un proceso
judicial sin precedentes en la historia contemporánea de América Latina.
Fuentes:
NTN24 El País América Univisión Noticias