El atroz hallazgo del cuerpo de Roxianny González Ipuana, de 5 años, en el sector Jepipa, municipio Guajira del estado Zulia, con signos de abuso sexual y semienterrado, pone nuevamente de relieve la grave problemática de la violencia contra la infancia en Venezuela. La niña, desaparecida desde el sábado 4 de octubre y encontrada el martes siguiente, inicialmente fue objeto de rumores de una supuesta venta por 400 mil pesos, versión que ha sido desmentida por vecinos que señalan a residentes de la zona como presuntos autores del "aberrante hecho".
Este lamentable suceso se suma a una serie de casos de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes en el país. Organizaciones de derechos humanos y de protección a la infancia han documentado persistentemente la vulneración de los derechos de este sector de la población, que incluye:
Altas cifras de abuso sexual: Se registran decenas de casos de abuso sexual contra menores al mes en Venezuela, siendo una de las violaciones a la integridad personal más documentadas por las ONGs.
Maltrato Infantil Severo: El maltrato infantil en el ámbito familiar, en sus distintas formas (físico, psicológico, negligencia y sexual), es un problema con graves consecuencias biopsicosociales. Estudios en hospitales de Maracaibo, capital del estado Zulia, han reportado casos de maltrato con altos niveles de gravedad, a menudo asociados a disfunción familiar grave y pobreza extrema.
Homicidios y otras formas de violencia: Los niños, niñas y adolescentes también son víctimas de homicidios y violencia extrema, a veces vinculados a situaciones de impunidad o a la actuación de grupos criminales.
La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) de Venezuela establece un marco legal para la protección de la infancia, tipificando delitos como el abuso sexual (Art. 259), el trato cruel (Art. 254) y la tortura. Sin embargo, la frecuencia y brutalidad de casos como el de Roxianny González Ipuana evidencian la necesidad de redoblar los esfuerzos institucionales, sociales y comunitarios para garantizar la protección efectiva y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, así como para prevenir que estos crímenes se sigan repitiendo.