Víctima de varios
disparos respondía al nombre de Eduardo Sunico, indica el Movimiento de
Inquilinos e Inquilinas. El hecho sucedió en la Gran Caracas, precisa la
organización, que añade que al ahora difunto habitaba-junto a su familia-, el
inmueble desde hace 20 años.
El Movimiento de
Inquilinos e Inquilinas, dio a conocer que el domingo 23 de noviembre, Eduardo
Súnico, quien vivía alquilado, fue asesinado durante un desalojo. El hecho
ocurrió en Bello Monte, municipio Baruta, estado Miranda.
«Este domingo 23
ha ocurrido una tragedia que enluta a una familia inquilina, ya que a nuestro
camarada Eduardo Súnico, miliciano y miembro del Consejo Comunal Comprometidos
con Colina, le fue arrebatada su vida por el señor Ítalo Di Pasquale, quien
quería desalojarlo de la vivienda que habitaba hace aproximadamente 20 años»,
reza el texto difundido por el Movimiento de Inquilinos e Inquilinas, denuncia
que fue compartida por el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Rigel Sergent,
quien condenó el homicidio.
En los actuales
momentos la ahora viuda, Elvira de Súnico, se encuentra hospitalizada luchando
por su vida, indica la publicación del Movimiento de Inquilinos e Inquilinas
compartida por Sergent, en su cuenta en la red digital Instagram.
En un video que
fue compartido con este medio, se aprecia el momento en que el agresor
desenfunda el arma, y posteriormente la acciona varias veces contra la víctima,
quien al recibir los impactos cae al suelo.
Explica el
Movimiento de Inquilinos e Inquilinas en el comunicado, que el origen de la
tragedia se encuentra en el supuesto derecho de propiedad del presunto asesino
sobre la Quinta Canaima, ubicada en la segunda transversal de la avenida
Casiquiare, Bello Monte, en la cual Eduardo y su familia han vivido durante
alrededor de dos (2) décadas como inquilinos.
«Piedad, la dueña
original de la casa, se divorció en 1994 de Aba Sadovnik, y partieron bienes.
Deja una hija, Sasha, que es ciudadana norteamericana. Muere Piedad en 2014 y
Sasha saca su declaración de única heredera universal. En el año 2022 Aba
(exesposo) se declara único universal heredero y reclama el 100 % de la
propiedad y se lo vende a Ítalo Di Pasquale, hijo de Altagracia Acosta de Di
Pasquale, abogada, y quien denuncia en diciembre de 2024, a los inquilinos por
invasión, apoyándose en las acciones que realiza Fiscalía contra las familias
inquilinas», reza el texto.
Describe la
organización, que la etapa de investigación vence el 10 de diciembre, por lo
que el fiscal de la causa presiona para sacar a los inquilinos.
«Su
comportamiento hizo que las familias afectadas denunciaran al fiscal y hay
hasta un control judicial sobre el caso; no obstante, ya había desalojado a una
familia y se movilizaron para desalojar a otra familia este domingo», indica el
texto.
Describen que durante los acontecimientos estaba presente un grupo de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana, de la Zona 7, encabezado por el funcionario Ender Lara. «Miembros del Consejo Comunal tienen la grabación de los acontecimientos e impidieron que se fuera a la fuga el asesino», precisa el comunicado.
El Movimiento de
Inquilinos e Inquilinas, exige justicia ante este hecho que «nos enluta y puede
crear un terrible precedente; pedimos investigación y que se sancione penalmente
con todo el peso de la ley».
Condena total
El diputado a la
Asamblea Nacional, Rigel Sergent, condenó de manera categórica este crimen, al
tiempo que denunció la criminalización que viene ocurriendo contra las familias
inquilinas, una situación que en lo particular ha estado denunciando constantemente.
En declaraciones
a Diario VEA, manifestó que han estado denunciando la campaña que «pudiéramos
decir, que es hasta de odio, donde se empieza a criminalizar a las familias
inquilinas», situación que lamentablemente terminaron en esta oportunidad, en la
muerte de un hombre.
Señaló que cuando
se hacen falsas denuncias contra los inquilinos, y la Fiscalía y algunos
fiscales no investigan, de alguna forma «caen en esta criminalización a la
familia inquilina, y suceden cosas como estas, porque entonces se genera odio
tras odio».
Manifestó que a
través de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas (Sunavi),
que desde 2011 es el ente encargado de regularizar, controlar y aplicar las
leyes en materia de arrendamientos de viviendas en Venezuela, y con los Jueces
y Juezas de Paz, «han resuelto por la resolución de conflicto, tal cual dice la
Constitución», situaciones vinculadas a caso de desalojo.
Expresó su
preocupación por la criminalización contra los inquilinos e inquilinas.
Exigen justicia
En un video que
compartió en su cuenta TikTok, Sergent, presidente de la Subcomisión de Hábitat
y Vivienda de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la AN,
dio a conocer que la esposa del hoy occiso, se «encuentra luchando por su vida,
hospitalizada», pues ella también recibió «unos disparos por parte del señor
que los quería desalojar».
En el audiovisual
reiteró su condena contra la «campaña feroz» y de «odio», donde se criminaliza
a los inquilinos e inquilinas.
También
especificó que la familia que fue desalojada tenía contrato de arrendamiento
con la propietaria original, quien al fallecer le hereda la propiedad a su
hija.
«El exesposo con
su madre, que es adulta mayor y abogada, denuncia en Fiscalía diciendo que la
invadieron, no reconociendo esa relación arrendaticia. Lamentable los fiscales
-lo hemos venido denunciando sin generalizar, pero algunos lamentablemente,
tenemos que decirlo-, están cayendo en esta falsa denuncia; desalojaron, fueron
para allá a amedrentar a la familia, y bueno, el día de ayer se presentaron
unos cuerpos policiales y esta persona que denuncia, lo peor es que al final
tampoco es propietario; dice que compró la vivienda y le arrebató la vida a
Eduardo Súnico».
Ante este lamentable crimen, Sergen expresó: «Nosotros alzamos la voz para que haya justicia, que haya justicia para esa familia inquilina».
Dijo además que
alzan la voz para «paralizar lo que puede ser un mal precedente, porque
evidentemente aquí también hay odio para las familias que no tenemos vivienda,
que somos inquilinas».
Invitó a todos
los inquilinos e inquilinas a condenar el «aterrador» crimen que cometió una
persona que creyó «que la propiedad privada está por encima de la vida. Muy
lamentable este suceso».
