En un giro
político de alto impacto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy
Rodríguez, anunció este viernes 30 de enero una Ley de Amnistía General
destinada a todos los presos políticos que aún permanecen en centros de
reclusión del país.
El anuncio,
realizado desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), busca
transformar el panorama judicial y social tras la captura de Nicolás Maduro por
fuerzas estadounidenses a principios de mes.
Rodríguez encargó
a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz
para que en las “próximas horas” presenten la ley ante la Asamblea Nacional
(AN, Parlamento), así como la “máxima colaboración” al cuerpo legislativo para
su aprobación.
A diferencia de
las liberaciones condicionadas que se han registrado en las últimas semanas,
esta medida pretende anular de raíz las causas judiciales.
«Anuncio una Ley
de Amnistía General y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para
favorecer la convivencia en Venezuela», declaró durante la Apertura del Año
Judicial 2026 en el Tribunal Supremo de Justicia, transmitido por el canal
estatal Venezolana de Televisión (VTV). «Que cubra todo el periodo de violencia
política de 1999 al presente», precisó Rodríguez.
La funcionaria
pidió a todos que nadie imponga la revancha, la violencia o la venganza, para
que todos vivan con respeto y con respeto a la ley y la justicia en Venezuela.
«Les estamos dando la posibilidad de vivir en paz, en tranquilidad, con las diferencias, que las
hay, para que desde la diversidad y la pluralidad podamos convivir con respeto
a la justicia en Venezuela».
Rodríguez indicó
que la normativa establece límites claros para su aplicación. El beneficio no
será universal: «Quedarán exceptuados aquellos procesados, condenados por
homicidio, por tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los
derechos humanos», explicó.
«Que sea una Ley
que sirva para repara las heridas que ha dejado la confrontación política desde
la violencia, desde el extremismo que ha existido en el país», afirmó Rodríguez
durante el acto.
De centro de
reclusión a complejo deportivo
Uno de los puntos
más simbólicos del anuncio fue el destino de la emblemática sede del SEBIN. La
presidenta interina informó que El Helicoide, señalado por organismos
internacionales como centro de torturas, será clausurado como prisión para
convertirse en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad.
«Hemos decidido
que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de
detención, se conviertan en un centro
social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las
comunidades aledañas a este recinto», dijo
“Vengo a esta Cámara como presidenta pero también como abogada”, dijo Rodríguez, según quienes la escucharon. “Mi padre estuvo preso, y murió fruto de tortura. Creo en la Constitución. En la soberanía nacional. En la justicia al pueblo venezolano. Necesitamos más justicia, con más tutela jurídica”, siguió al recordar a su padre.
La narrativa
oficial y la de las organizaciones civiles mantienen discrepancias sobre el
alcance actual de las liberaciones: Mientras el Gobierno nacional ha anunciado
más de 600 liberaciones, los defens0res de Derechos Humanos aseguran que son
302 excarcelados.
Rodríguez aseguró
que esta decisión fue consultada previamente con el presidente Nicolás Maduro,
quien se encuentra bajo custodia de los Estados Unidos desde el pasado 3 de
enero. Asimismo, la mandataria subrayó que el próximo objetivo de su gestión
será combatir la corrupción dentro del sistema de justicia venezolano.
Un llamado
persistente de las ONG
La mandataria
encargada pidió a los presos políticos del país, incluyendo a aquellos que ya
han recibido medidas de excarcelación, que “no se imponga la venganza, la
revancha ni el odio”.
Varias ONG han
insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos
políticos, presentando, al mismo tiempo, varias propuestas de ley. La última
propuesta la hizo el martes pasado la organización Surgentes y el Comité de Madres
por la Verdad.
El texto de la
ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para “todas esas
personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas,
integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas
de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales”.
Antecedentes de
amnistía en Venezuela
La última vez que
se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando
el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) perdonó a personas involucradas
en el golpe de Estado en su contra en 2002.
En 2016, el
Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de
amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.
En agosto de
2020, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, otorgó, mediante decreto, 110
medidas de indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de
diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en
diciembre de ese año, un evento al que el grueso de la oposición no se
presentó.
Este evento marca
un hito en la transición que vive el país, intentando cerrar una etapa de
profunda polarización y conflicto institucional.
Fuente/Univisión(EFE
