A sus 73 años y
tras dos años de reclusión en Tocuyito, el ciudadano denuncia que un
funcionario estatal tomó su hogar mientras cumple arresto domiciliario.
La situación de José Breijo, un ciudadano de 73 años con doble nacionalidad, ha expuesto una grave irregularidad en materia de derechos humanos.
Luego de permanecer dos años encarcelado en el centro penitenciario de Tocuyito bajo cargos de presunto terrorismo —por el simple hecho de capturar una fotografía—, Breijo fue beneficiado con una medida de arresto domiciliario.
No obstante, al regresar a su propiedad ubicada en Bello Monte, Caracas, se encontró con una realidad alarmante: su vivienda estaba ocupada de forma arbitraria por un funcionario del Grupo de Operaciones Estratégicas, el mismo cuerpo encargado de su detención original.
En la actualidad, este preso político sobrevive en condiciones de extrema precariedad dentro de su propia casa, donde la movilidad es casi nula debido a la obstrucción de muebles y la instalación de un candado por parte del funcionario invasor.
A pesar de la intervención de un juez de paz y el seguimiento de la
Embajada de Uruguay, el caso permanece en un limbo legal que mantiene a Breijo
en un estado de vulnerabilidad extrema.
Fuente:NTN24 / Testimonios vecinales y seguimiento diplomático.