El
organismo internacional denuncia la continuidad de arrestos arbitrarios y la
ineficacia de la reciente Ley de Amnistía ante la falta de independencia
judicial
La presión internacional sobre la situación institucional en Venezuela se intensifica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó un firme emplazamiento a las autoridades de Caracas, exigiendo el cese de las detenciones por motivos ideológicos y la publicación fidedigna del listado de personas bajo custodia general, así como de quienes han recibido beneficios procesales.
El organismo multilateral enfatizó la urgencia de
otorgar una excarcelación "inmediata e incondicional" a todos los
ciudadanos considerados presos políticos en el territorio nacional.
A través de un manifiesto formal, la CIDH expuso su alarma por la persistencia de mecanismos coercitivos que restringen el libre pensamiento.
De acuerdo con el reporte, se mantienen activos los patrones de capturas sin orden judicial y el "uso desproporcionado y discrecional de la prisión preventiva".
Estas acciones, según la comisión, operan de forma
sistemática como herramientas de amedrentamiento, control social y censura
selectiva, quebrantando las garantías mínimas del debido proceso.
Prácticas restrictivas y el impacto real de la Ley de
Amnistía
El balance técnico de la CIDH detalla que los aparatos de
seguridad estatal recurren a severas irregularidades operativas, entre las que
destacan la incomunicación forzada, el aislamiento prolongado, tratos crueles y
la recurrente negativa de asistencia médica oportuna para los reclusos.
Para dimensionar la magnitud del escenario, el organismo contrastó
las declaraciones gubernamentales con los monitoreos independientes de la
sociedad civil:
Registro de Oenegés: Al cierre de abril de 2026,
organizaciones como el Foro Penal contabilizaban un piso mínimo de 454
prisioneros políticos en el país.
La Realidad de la Amnistía: El decreto promulgado el pasado 19 de febrero de 2026 ha mostrado una efectividad sumamente reducida.
Mientras
el discurso oficial defiende un supuesto beneficio para más de 8,000
ciudadanos, las auditorías de derechos humanos demuestran que apenas 186
personas obtuvieron libertad plena.
Medidas Restrictivas: Otros 554 ciudadanos fueron sometidos
a regímenes cautelares que limitan gravemente su movilidad y sus derechos
civiles fundamentales.
Quiebra institucional y decesos en centros de reclusión
El informe introduce un elemento crítico de debate al señalar la anulación unilateral de la amnistía por orden directa de la vicepresidencia ejecutiva, bajo la gestión de Delcy Rodríguez.
Para la CIDH,
esta injerencia es la prueba definitiva de la inexistencia de separación de
poderes en Venezuela, evidenciando que los tribunales actúan de forma directa
como un brazo ejecutor de los dictámenes de Miraflores, consolidando la
desarticulación del Estado de derecho.
La gravedad del escenario se acentúa con las recientes muertes reportadas dentro de los recintos carcelarios bajo custodia del Estado.
El organismo extendió sus condolencias a los familiares de los fallecidos y
colocó el foco sobre los casos particulares de Víctor Hugo Quero, Alfredo Díaz
y Lindomar Amaro, exigiendo una auditoría forense transparente e independiente.
Exigencia de garantías democráticas para las elecciones de
2026
Frente a la parálisis institucional, la directiva de la CIDH formalizó su requerimiento para ingresar a Venezuela y realizar una evaluación técnica in situ.
Asimismo, el ente multilateral emitió una doble
recomendación estratégica:
Al Poder Ejecutivo en Caracas: Iniciar una transición
genuina hacia el restablecimiento de los canales democráticos y el respeto a la
disidencia.
A la Comunidad Internacional: Articular mecanismos de presión diplomática para forzar un cronograma definitivo.
El organismo remarcó
que para vislumbrar un proceso electoral pulcro y competitivo en el actual
periodo constitucional, es indispensable fijar, sin más dilaciones, la fecha
exacta de los comicios presidenciales.
Fuente Oficial: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) / Datos complementarios de auditoría social por Foro Penal.