Samantha
Hernández fue liberada tras permanecer bajo custodia militar por motivos de
consanguinidad; Aranza Hernández sigue recluida en los calabozos de
contrainteligencia.
El entorno judicial venezolano registró una modificación parcial con la liberación de la adolescente Samantha Hernández, de 16 años de edad, quien se encontraba bajo custodia de los cuerpos de seguridad estatales desde el pasado 19 de noviembre de 2025.
La menor había sido interceptada en un
despliegue operativo ejecutado por funcionarios adscritos a la Dirección
General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Defensores de los derechos fundamentales indicaron que la aprehensión original carecía de elementos penales individuales, señalando que la medida se empleó como un mecanismo colateral de coerción debido al nexo familiar de la menor con
Cristhian Hernández, un teniente del sector castrense
que actualmente se localiza en el exilio.
Permanencia en reclusión de Aranza Hernández
A pesar de la restitución parcial de libertad para la adolescente,
el núcleo familiar enfrenta la continuidad del confinamiento de su otra
integrante. Aranza de los Ángeles Hernández, de 19 años de edad y hermana mayor
de Samantha, se mantiene recluida en las instalaciones del referido organismo
de inteligencia.
Aranza fue objeto de un procedimiento de captura similar apenas 48 horas después de la detención de la menor de edad, registrándose su arresto el 21 de noviembre de 2025.
Hasta el momento, las entidades judiciales
y los cuerpos de seguridad del Estado no han proporcionado balances oficiales
sobre la apertura de un debido proceso legal o las imputaciones formales que
pesan sobre la joven de 19 años, manteniendo un escenario de incertidumbre
técnica para sus representantes legales.
Dinámicas institucionales y análisis del entorno
Organizaciones no gubernamentales dedicadas al monitoreo del sistema penitenciario y procesal en el país han denunciado de forma recurrente la ejecución de detenciones bajo el criterio de vinculación consanguínea.
Este método, documentado en diversos informes de relatorías
internacionales, afecta de manera directa a familiares de funcionarios
disidentes o figuras solicitadas por la justicia local con el objetivo de
ejercer presión psicológica.
Las redes de activismo civil sostienen la urgencia de
revisiones técnicas exhaustivas sobre las condiciones de reclusión vigentes,
demandando la aplicación de medidas sustitutivas definitivas para los
ciudadanos que permanecen bajo privación de libertad en contextos de represalia
política indirecta.
Fuente: Impacto Venezuela Redes de monitoreo de Derechos Humanos en
Venezuela / Reportes de activismo judicial y defensa penitenciaria.