La Asamblea Nacional impulsa una reforma histórica para frenar la crisis energética: el plan incluye concesiones, tarifas basadas en costos reales y compensaciones directas al usuario para reactivar la industria petrolera nacional.
El sistema eléctrico de Venezuela ha entrado en una fase de transformación drástica este 2 de junio de 2026.
Ante una crisis que ha paralizado el suministro en diversas regiones, la Asamblea Nacional (AN) ha debatido una reforma legal que pone fin a 15 años de control absoluto por parte del Estado.
Esta iniciativa, respaldada por un borrador consultado por Bloomberg, permite que empresas privadas, empresas mixtas y compañías con participación estatal minoritaria generen, distribuyan y vendan energía bajo concesiones gubernamentales.
La gravedad del escenario se evidencia en los datos expuestos durante el debate legislativo: en 2019, el país producía 20.000 MW, mientras que actualmente la cifra ha descendido a 12.000 MW frente a una demanda insatisfecha de 14.000 MW.
Esta escasez crónica, agravada por la imposibilidad de adquirir repuestos debido a sanciones económicas, ha obligado al Estado a buscar ayuda de corporaciones internacionales como Siemens y General Electric para la reconstrucción de la red en estados críticos como Zulia.
Para garantizar la viabilidad del proyecto, la ley propone tarifas ajustadas al costo real del servicio, permitiendo una rentabilidad razonable para los inversores. Asimismo, el marco legal impone una "corresponsabilidad civil y penal" a las operadoras, otorgando al ciudadano el derecho a recibir compensaciones económicas ante las constantes fallas del servicio.
Esta reforma, calificada por el Ejecutivo como una "estrategia táctica", es vista como el último recurso para salvar la producción de petróleo y gas, sectores que dependen totalmente de un flujo eléctrico estable para su recuperación.
Fuente: Alerta 24
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