Marilú Paredes fue trasladada sorpresivamente desde Louisiana junto a otras nueve mujeres hacia Bangui, dejando a su esposo convaleciente tras sufrir la amputación de una pierna y sin acceso a su pasaporte.
Expulsaron sin previo aviso a una adulta mayor venezolana hacia el continente africano en un procedimiento migratorio que mantiene conmocionada a la comunidad internacional.
Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ejecutaron la medida contra Marilú Paredes, una ciudadana de 66 años que acudió a una cita de control rutinario en territorio estadounidense sin imaginar que terminaría a más de 11.000 kilómetros de su núcleo familiar.
El operativo se desplegó desde el estado de Louisiana, desde donde el grupo de diez mujeres detenidas estimaba ser trasladado hacia un centro de custodia en Miami.
Sin embargo, la trayectoria del vuelo finalizó en la ciudad de Bangui, capital de la República Centroafricana, una nación clasificada con alerta de viaje Nivel 4 por el Departamento de Estado norteamericano debido a sus condiciones extremas de inseguridad y conflictos internos.
Esta medida extrema genera severa preocupación legal y médica, dado que la víctima contaba con medidas de protección migratoria vigentes que impedían su retorno directo a Venezuela.
Adicionalmente, las autoridades retuvieron el pasaporte original de la dama, lo que imposibilita de momento la tramitación de salvoconductos o salvaguardas consulares para su desplazamiento a un país seguro
El impacto familiar resulta devastador para la dinastía Paredes, quienes sobrellevan más de cuatro décadas de unión matrimonial.
El esposo de Marilú atraviesa una delicada fase de recuperación tras someterse recientemente a la amputación de su pierna izquierda por encima de la rodilla, producto de complicaciones de salud que requirieron múltiples hospitalizaciones y la atención constante de su pareja.
Frente a la barrera idiomática y la ausencia de redes de apoyo en Bangui, los familiares en el extranjero impulsaron iniciativas de recaudación y asesoría jurídica internacional para exigir la revisión del caso.
Los portavoces legales de la familia precisan que la meta prioritaria reside en garantizar la protección física de la ciudadana y conseguir una vía legal urgente que facilite la reunificación con sus allegados.
Fuente: Utahzolanos