La medida extingue de forma definitiva una de las causas judiciales más emblemáticas de persecución política en Venezuela, coincidiendo con un momento crítico en el estado de salud de la abogada.
Con más de 16 años sujeta a restricciones judiciales, la exjueza venezolana María Lourdes Afiuni obtuvo por fin este viernes su libertad plena y el cierre definitivo de su causa penal, según confirmó su hermano Nelson Afiuni tras recibir la notificación oficial por parte de las autoridades tribunalicias.
La decisión llega un día después de que sus familiares alertaran sobre un grave deterioro en su estado de salud tras ser diagnosticada con tres lesiones tumorales, lo que había reactivado las alarmas de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre su situación médica.
El calvario judicial de Afiuni comenzó el 10 de diciembre de 2009, cuando fue detenida tras aplicar una medida cautelar apegada a la ley y recomendada por la ONU a favor del banquero Eligio Cedeño.
Al día siguiente de su arresto, el entonces presidente Hugo Chávez exigió públicamente en cadena nacional la pena máxima de 30 años de prisión para la magistrada, afirmando que en épocas pasadas habría sido fusilada.
Durante su reclusión en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), la exjueza sufrió torturas, abusos físicos y psicológicos por parte de custodios. Posteriormente recibió arresto domiciliario y en 2019 fue condenada a cinco años de prisión por un delito inexistente en el código penal venezolano denominado por el tribunal como “corrupción espiritual”.
Aunque esa pena ya había expirado, el sistema judicial mantenía sobre ella una prohibición de salida del país, inhabilitación política y medidas de control.
A nivel internacional, el expediente de María Lourdes Afiuni se convirtió en el símbolo de la pérdida de independencia del Poder Judicial en Venezuela.
El temor
instaurado entre los magistrados del país a dictar fallos contrarios a los
intereses del Ejecutivo basándose en este precedente pasó a ser conocido
globalmente por juristas y defensores de derechos humanos como el “Efecto
Afiuni”.
Con este
dictamen, se cierran formalmente las restricciones ciudadanas sobre la abogada,
permitiéndole afrontar su actual batalla médica en total libertad de movimiento
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